Becerrill es el encargado de hacer el trabajo sucio
El allanamiento de dos locales de propiedad de Fuerza Popular
despertó la ira del fujimorista Héctor Becerril, quien ahora intenta
convencer a las demás bancadas para destituir al Fiscal de la Nación.
El congresista fujimorista y vocero de Fuerza Popular (FP), Héctor
Becerril, tras calificar al fiscal titular de lavado de activos, José
Domingo Pérez Gómez, de “títere” del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde, sostuvo que los grupos parlamentarios que se mostraron en
contra de su destitución deberán modificar su postura y respaldar -esta
vez- a FP.
“No tengo ninguna duda de que (el allanamiento) será un catalizador
para que otras bancadas se animen y nos acompañen en esta acusación”,
aseveró en relación a la inspección de dos locales partidarios (en los
distritos de Surco y Cercado de Lima), ocurridos el pasado jueves, por
orden del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional.
Becerril insiste en que “los partidos políticos son el eje de la
democracia” y, por lo tanto, que la Fiscalía haya allanado
establecimientos de uno de estos grupos es un “ataque directo al orden
democrático del país”.
La inspección legal, en el marco de las pesquisas por presuntos
aportes irregulares para la campaña electoral fujimorista del 2011, fue
calificada por Becerril como “abuso” del fiscal Pérez Gómez y ha
generado que el congresista fortalezca su posición de destituirlo de su
cargo.
Cabe señalar que el pasado 20 de noviembre la Comisión Permanente
del Congreso aprobó -solo con votos de FP- otorgarle 15 días hábiles a
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para elaborar un
documento sobre la denuncia impulsada por el fujimorismo.
FISCAL DEFIENDE ALLANAMIENTO
En una entrevista con un medio local, el fiscal Pérez Gómez defendió el
allanamiento a los locales partidarios, asegurando que el pedido de
intervención fue autónomo. Asimismo, dijo que era necesario realizar la
diligencia apenas el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la
solicitud.
Pérez Gómez también afirmó que la medida no fue informada al fiscal
Pablo Sánchez, pero apuntó que le entregará un informe si este lo pide.
ABONANDO LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
“A la luz de los hechos, esperemos que el apoyo se dé en el debate, (…)
porque el fiscal Pérez tuvo que consultarle antes al Fiscal de la
Nación”, sostuvo la parlamentaria Milagros Salazar, quien exhortó a sus
colegas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a “asumir una
posición” y avalar la acusación contra la cabeza de la Fiscalía.
Al interior de la bancada fujimorista se sostiene que el allanamiento
a dos de sus locales partidarios, no hará más que abonar en la denuncia
constitucional interpuesta contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde.
Esta acusación, que está siendo revisada por la parlamentaria Karina
Beteta, fue presentada por el portavoz fujimorista, Daniel Salaverry, y
pretende la “destitución e inhabilitación” del titular del Ministerio
Público, “por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”,
debido al retraso en las investigaciones a las empresas exsocias de la
constructora brasileña Odebrecht.
LA VENGANZA DE BECERRIL
Becerril espera que el informe de su correligionaria Beteta acerca de
las acusaciones de Salaverry y YeniVilcatoma, que deberá presentar ante
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en los próximos días,
tendría que recoger las críticas a la diligencia de Domingo Pérez Gómez y
recomendar la destitución del Fiscal de la Nación.
“Espero que (el rechazo al allanamiento) se vea reflejado en el
informe de Beteta, en las votaciones en la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el pleno”, sentenció el
portavoz alterno de FP.
Asimismo, concluyó: “En Fuerza Popular no tenemos la menor duda de
que Pablo Sánchez Velarde no solo debe dejar el cargo de Fiscal de la
Nación, sino también debe ser destituido como fiscal supremo”.
Por su parte, Karina Beteta, quien –como se esperaba- evitó adelantar
opinión, aseguró que trabajará de forma “objetiva, transparente,
responsable y con mucha seriedad”.
FUJIMORISTA CONTRADICE A SUS CORRELIGIONARIOS
A pesar de la evidente incomodidad de los fujimoristas, el secretario
general de FP, José Chlimper, admitió que el allanamiento a los locales
de su partido fue “legal”.
“Puedo decir que es legal, el fiscal (Domingo Pérez Gómez) ha
solicitado el allanamiento, el juez (Richard Concepción) Carhuancho ha
aceptado y se ha procedido. No tenían que romper la puerta, podrían
haber tocado el timbre”, declaró ante una radioemisora local.
Sin embargo, el también miembro del directorio del Banco Central de
Reserva (BCR) calificó a la diligencia de “innecesaria”, a la vez que
tildó de “poco serios” los argumentos del Ministerio Público para la
irrupción. “Creo que fue innecesario. Si tenían dudas certeras, las van a
aclarar y ya las han aclarado durante el recojo de información”,
afirmó.
PODER JUDICIAL RECHAZA ACUSACIONES DEL FUJIMORISMO
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó la
posición de Becerril y sus colegas de bancada, respecto a que el
allanamiento a dos locales fujimoristas sea una venganza política.
“No creo que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial estén empeñados en
tareas políticas o de venganza política”, manifestó Rodríguez a los
periodistas.
Asimismo, dijo que tanto el fiscal, que solicitó la intervención,
como el juez que la aceptó, han dado las razones para que el
allanamiento se concrete, y remarcó que las decisiones judiciales se
tienen que acatar.
OFICIALISMO MANIATADO
Reacciones de rechazo causó la actitud del oficialismo al darle la razón
al fujimorismo, respecto a la diligencia efectuada por la Fiscalía
contra dos locales de FP.
El presidente Kuczynski señaló: “Tenemos que tener respeto a los
otros. A mí me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento en
Lima de locales de un partido político que domina el Congreso, y no lo
digo para congraciarme con el Congreso, porque si no hay respeto al
debido proceso no seremos respetados internacionalmente”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz,
también cuestionó que se investigue al fujimorismo y abogó para que se
tomen medidas más cautelosas.
“Esto nos ha sorprendido también a nosotros. Hay que ser más
cuidadosos. Lamento que se estén metiendo a investigar a los partidos
políticos de esa manera. Creo que hay formas más delicadas de hacerlo”,
dijo la primera ministra, contradiciendo a la Fiscalía y al propio Poder
Judicial.
La actitud del Ejecutivo es interpretada como un signo de su capacidad ante la presión fujimorista.
Una voz discordante desde el oficialismo es la del congresista Gino
Costa quien aseguró que “no existe ningún tipo de venganza” contra FP y
señaló que esta bancada tiene una “doble moral”.
“A mí me parece que hay, en Fuerza Popular, un doble estándar, si el
Poder Judicial, a través de la Fiscalía decide meter preso
preventivamente al señor José Graña, Fuerza Popular salta de alegría,
pero si se les investiga a ellos es una vendetta, es una represalia, es
un acto que atenta contra los partidos políticos”, refirió Costa.
