Sin autoridad moral. El hoy legislador fujimorista Jorge Galarreta se acomoda donde más le conviene
El congresista Galarreta parece no recordar su pasado.
El 2011 entró al Congreso con la Alianza por el Gran Cambio, coalición
electoral en la que el PPC -partido en el que estaba Galarreta-, junto
con la agrupación de César Acuña (APP), postulaban a PPK a la
presidencia. Por entonces, Galarreta era acérrimo crítico del
fujimorismo, y así lo demostró en una entrevista con la periodista Rosa
María Palacios:
Antes, cuando formaba parte de Unidad Nacional, era antifujimorista. Hablaba de “fujimontesinismo”.
Incluso, pedía que Kouri y Keiko sean transparentes con sus estudios y propiedades.
En un reporte periodístico de Patricia Hoyos para el diario La República, nos cuenta la fatal noticia de que el nuevo Congreso será integrado por personas que ostentan sentencias judiciales por corrupción, por no pasar pensión de alimentos y hasta investigados por asesinato.
Adivinen quién le lleva la delantera a todos: Sí, el partido de Keiko Fujimori. Antes de entrar al detalle, existen varios delitos que se repiten,
como colusión, peculado, negociación incompatible, etc. Los nombres son
estrictamente técnicos en el lenguaje del derecho, pero nosotros hemos
hablado con un experto en la materia y elaboramos un breve resumen de lo
que significa cada uno.
Colusión:
Es cuando el funcionario o servidor público realiza
acuerdos bajo la mesa y concede licitaciones (solo por citar un ejemplo)
del Estado. Esto se castiga con penas de cárcel que van de tres a
quince años.
Peculado:
Aquí resumiremos la larguísima explicación de este delito
en el Código Penal: peculado es cuando un funcionario público roba. O
sea, se mete al bolsillo la plata de todos los peruanos. Si cometes este
delito te condenan entre cuatro y ocho años en la cárcel. Pero si te
robas dinero que ha sido destinado a apoyo social, la pena aumenta a 12
años.
Apropiación ilícita:
Si te apropias de un inmueble, dinero o valor que
recibiste con el compromiso de devolverlo, serás condenado entre dos a
cuatro años de prisión. Si se te dio el bien y tu misión era
resguardarlo como tutor o albacea, etc. la pena sube a seis años. Si el
bien era destinado a poblaciones vulnerables, la pena sube a 10 años.
Usurpación
Es cuando para apropiarse de un bien inmueble (o parte de
este) se destruye los linderos del mismo o se amenaza o se engaña o se
abusa de la confianza del dueño o si se ingresa ilegalmente aprovechando
la ausencia del propietario. Si haces eso, te caen hasta cinco años de
cárcel.
Negociación incompatible
Un funcionario público le otorga un contrato con el
Estado a su empresa o a un amigo. Si haces eso te puedes ir hasta cuatro
años a la cana.
Ojo que en un solo caso pueden estar resumidos varios delitos. Toda
esta información la puedes encontrar mucho más detallada en el Código Penal. Ahora sí y después de haberte nutrido en derecho, estos son los
angelitos que tendremos que ver toditos los días a partir del 28 de
julio.
Fuerza Popular
Para el próximo periodo legislativo -según indica el reportaje- la
bancada de la hija mayor de Alberto Fujimori tendrá entre sus filas a seis sentenciados y cuatro con procesos pendientes de resolver en las instancias judiciales. ¿Quiénes son?
Guillermo Martorell
Tiene un proceso aún abierto por colusión.
Miky Dipas
Sentencia por alimentos.
Víctor Albrecht
Sentenciado por peculado.
Héctor Becerril
Sentenciado por alimentos.
Vicente Zeballos
Sentencia por alimentos.
Luis Yika
Sentencia por alimentos.
Lucio Ávila
Sentencia por alimentos.
Yesenia Ponce
Tiene una condena en materia laboral.
Sonia Echeverría
Tiene una sentencia pero en el fuero civil.
Roy Ventura
Usurpación, peculado y colusión.
César Segura
Esto es escandaloso: apropiación ilícita, lesiones culposas y homicidio culposo.
Comision de Fiscalización controlada por la bancada de Fuerza Popular decide no citar a alcalde de Lima
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril (Fuerza Popular), explicó que la situación
de reubicación de la comunidad shipibo-conibo en la zona de Cantagallo,
en el Rímac, no está dentro de las funciones de su grupo de trabajo.
Ello en respuesta a la sugerencia de Alberto de Belaunde sobre este
caso.
Héctor Becerril indicó que no adelantará opiniones al respecto de la
responsabilidad política por la reubicación de la comunidad
shipibo-conibo de Cantagallo, y que no se
dejará influenciar por sentimientos de animadversión o de afinidad
política.
“No me voy a prestar a que sus odios o venganzas personales lo lleven
a la Comisión de Fiscalización. A mí no me van a utilizar. Yo estoy
dando muestras clarísimas de que aquí no hay ningún tipo de blindaje”, argumentó Héctor Becerril aunque en la practica se demuestre lo contrario. Anteriormente, el presidente de la comisión ya había descartado que
esta indague el presunto negociado entre la empresa brasileña OAS y
funcionarios de la gestión de Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad
de Lima.
Fotografías fueron enviadas por indignados trabajadores que asqueados
por las mentiras del fujimorismo quisieron que hagan público, por
primera vez, las reales condiciones en las que vive el reo expresidente.
Ex dictador aceptó los cargos de soborno, espionaje telefónico y la compra irregular de un medio de
comunicación.
El ex presidente Alberto
Fujimori aceptó el lunes 28 de septiembre del 2009, las acusaciones del fiscal en el inicio de un proceso
por soborno, espionaje telefónico y la compra irregular de un medio de
comunicación, con lo cual el juez declaró la "conclusión anticipada" del
proceso.
El juez dijo que dictará sentencia el miércoles. Fujimori ya se sometió a
dicha figura cuando se le acusó por un millonario pago a su ex asesor
Vladimiro Montesinos.
En el último proceso por el cual fue extraditado de Chile en el 2007,
Fujimori escuchó la acusación fiscal en la que se solicita una pena de
ocho años de prisión por los cargos cometidos durante su Gobierno, entre
1990 y el 2000.
"Señor, estoy conforme", dijo escuetamente
El cuarto y último juicio por corrupción contra Fujimori se hzio con
más de 60 testigos y una decena de agraviados, entre los que figuran
periodistas, políticos y ex militares peruanos.
Candidata presidencial fujimorista afirmó que cada vez que retornaba de EE.UU., su padre
le daba en efectivo los fondos para pagar su carrera y las de sus
hermanos en Norteamérica. Entre 1994 y 2000, entró y salió del país del
norte en 40 ocasiones.
La actualización de los datos del movimiento migratorio de Keiko Fujimori Higuchi arroja más luces sobre el origen del dinero que usó para financiar sus estudios
y los de sus hermanos en escuelas y universidades de Estados Unidos.
Entre los años 1994 y 2000, la candidata del fujimorismo ingresó y salió
del país al menos en 40 oportunidades. ¿Por qué es relevante este
número?
El 10 de enero de 2001, Keiko Fujimori declaró bajo juramento ante la comisión investigadora que presidía el congresista David Waisman
que cada vez que llegaba a Lima procedente de Estados Unidos, su
progenitor le entregaba en Palacio de Gobierno el dinero en efectivo
para costear sus estudios y su residencia. Ella empezó su carrera en
centros académicos estadounidenses en 1993.
La señora Fujimori reiteró la versión el 27 de septiembre del 2001, en esta ocasión en la comisión que presidió el legislador Mauricio Mulder: “Mi padre me daba el dinero en efectivo, acá (en Lima)”, dijo.
En consecuencia, pagó sus estudios y los de sus hermanos en efectivo
con dinero que le proporcionaba su papá en Palacio de Gobierno.
¿Esto quiere decir que 40 veces recibió dinero de manos de su padre en Palacio de Gobierno?
La oportunidad para preguntárselo a la aspirante a la jefatura del
Estado por el fujimorismo se presentó en marzo de este año, pero la
Comisión de Fiscalización, con votos fujimoristas, rechazó una
iniciativa para investigar este caso.
Entre 1994 y 1997, año en que Keiko Fujimori concluyó sus estudios en la Boston University, llegó a Lima de Estados Unidos 27 veces.
De 1998 al 2000, los hermanos de Keiko Fujimori continuaron sus
carreras profesionales en Estados Unidos. En esos años, ella salió y
regresó de Estados Unidos en 13 oportunidades.
Si según sus declaraciones, cada vez que venía a Lima, su padre Alberto
Fujimori le entregaba fajos de dólares para ella y sus hermanos, todo
indica que ese mecanismo se repitió 40 veces.
La candidata fujimorista a la presidencia de la República nunca ha
aclarado cuál es el origen del dinero efectivo que le proporcionaba su
padre en Palacio de Gobierno.
Rastro del dinero
Más bien Keiko Fujimori elaboró una nueva versión: que sus estudios y
los de sus hermanos fueron pagados con el dinero que el ex presidente
les otorgó a los cuatro como producto de la venta de un inmueble en la
calle Pinerolo, en Surco.
Sin embargo, por esa operación inmobiliaria Alberto Fujimori recién cobró en 1999, dos años después de la graduación de Keiko Fujimori.
Es más, para llevar la contabilidad de los gastos, Alberto Fujimori le pidió a su hija que la Universidad de Boston
le enviara los reportes de los pagos a Palacio de Gobierno, lo que
efectivamente ocurrió, según consta en documentos. Este hecho comprueba
que Fujimori le daba el dinero en efectivo a Keiko en su residencia
presidencial y estaba al tanto del destino de sus fondos.
Sin embargo, la Fiscalía de la Nación
archivó la investigación a Keiko Fujimori y sus hermanos bajo el
argumento de que una parte de los delitos prescribió y que el resto no
pudo comprobarse.
La fiscalía ni siquiera valoró un informe de peritos contables de la Contraloría General de la República,
quienes descubrieron que el dinero que obtuvo Alberto Fujimori de una
propiedad en Surco, y que entregó a sus hijos supuestamente para los
gastos de sus estudios, tuvo otro destino y nunca llegó a las
universidades estadounidenses.
En efecto, Keiko y Sachi Fujimori abrieron sendas cuentas a plazo fijo para ganar intereses en el Citibank, e Hiro y Kenji depositaron su parte en la cuenta que su tío Víctor Aritomi Shinto tenía en una filial en Panamá del Bank of Tokyo.
Nadie sabe, excepto los hermanos Fujimori Higuchi, por qué ese dinero
no terminó en las cuentas de las universidades norteamericanas.
Estos datos demuestran contundentemente el origen dudoso del dinero en
efectivo que según la propia Keiko Fujimori su padre le apoquinaba
personalmente en Palacio de Gobierno cada vez que retornaba de Estados
Unidos.
Periodista opinó que los cánones de la democracia están en riesgo, si Keiko Fujimori gana las elecciones.
El periodista César Hildebrandt se refirió a las diferencias entre los candidatos que disputan la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y
Pedro Pablo Kuczynski. Aseguró que, aunque representan el mismo modelo
económico, existen distintivos importantes entre los aspirantes a
dirigir el país.
El
director del semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ señaló que “con PPK,
de ganar, tendremos un gobierno de derecha. Pero eso es algo en lo que
ya somos expertos: Toledo, García y Humala. Y sin embargo, con ninguno
de ellos, a pesar de mil miserias, hemos sentido que estaban en riesgo
los cánones de la democracia”.
Asimismo, el periodista consideró que “PPK es predecible. Keiko es la hija ilesa y fiel -más allá de las apariencias electorales- de quien convirtió al Perú en una mierda”.
En
su columna semanal, Hildebrandt escribió que Keiko Fujimori, como
persona, no representa un problema, sino lo que ella encarna. Opinó que
personajes del fujimorismo, como Cecilia Chacón y Héctor Becerril ya dieron muestras de lo que sería un eventual gobierno de Fuerza Popular.
“Las promesas de niña buena de Keiko valen tanto como las de su padre y
el “no shock” del año 1990. Y mientras más dice Keiko que confiemos en
ella, más se parece al padre al que sigue exculpando”, sostuvo.
Despidió a 300 mil trabajadores públicos , creó
las services y demolió sindicatos. Gobierno de ese entonces creó la
figura del despido arbitrario que permitió que los empleadores
despidieran a los trabajadores sin mayor explicación.
La avalancha de normas antilaborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos Silva
es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994, luego de 35
años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva legislación
laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O renuncias
o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los
setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no
se da por vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un
mínimo de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos
deben. Por treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de
pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga.
Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de
Despedidos, señala que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca
de 300 mil trabajadores del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en
enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM
–firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller–
, el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque
–argumentaban– había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es
decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo podían ser
despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer
reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran
dejar su puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de
los trabajadores era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el
trabajador no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además
que se prohibía su regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para
ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y
se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el
número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron
a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por
servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones,
aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, explica el
dirigente. La época más nefasta
Pero esos 300 mil despedidos no fueron las únicas víctimas de las normas
que se dieron durante el fujimorismo. El abogado laboralista Carlos
Blancas califica esos años como “una época muy nefasta para el derecho
laboral”, pues se eliminó una serie de “derechos fundamentales de los
trabajadores”. Entre ellos menciona la eliminación de la estabilidad
laboral y la creación de la figura del despido arbitrario a través del
Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los trabajadores
privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que
eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el
descabezamiento de los sindicatos. Al inicio del gobierno la tasa de
sindicalización era de más de 20% y al terminar fue de 3% a 4%”,
recuerda Blancas Bustamante.
En opinión del abogado, otro tema muy grave fue la creación de las
services mediante la apertura de la intermediación laboral, lo que
significa –hasta ahora– la evasión de las obligaciones laborales y la
precarización del trabajo, pues esos trabajadores no gozarían de una
serie de derechos como uno formal. “La tercerización fue para evitar la
estabilidad laboral y la organización sindical. Así, la capacidad de
reclamo se redujo y trajo como consecuencia el pago de salarios bajos”,
explicó el abogado.
Ese no fue el único daño porque también se ampliaron los contratos
temporales, lo que provocó que los trabajadores lleven muchos años
haciendo labores de uno estable, pero firmando contratos cada cierto
tiempo.
Si bien el argumento del fujimorismo para realizar toda esta política de
flexibilización laboral fue la creación de más puestos de trabajo, lo
cierto es que –dice Blancas–durante los diez años de fujimorismo las
cifras de desempleo fueron las mismas.
Javier Mujica: “Fue la flexibilización más salvaje”
El laboralista Javier Mujica dijo que los cambios que hizo el gobierno
fujimorista en materia laboral determinaron que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) la calificara como la flexibilización
laboral más salvaje en América Latina. Además, señala que con la
Constitución del 93 se dejaron de lado dieciséis derechos sociales,
muchos de carácter laboral. Entre las normas más graves, Mujica
manifiesta las que se dieron para facilitar los despidos.
Mujica indica que también se creó el despido arbitrario, es decir que,
en adelante, el empleador podría despedir a un trabajador sin darle una
explicación. “Además, se dio la Ley de relaciones colectivas de
trabajo que privó a los trabajadores de la protección de la autoridad
administrativa”, acotó.
El abogado indica que otro aspecto nefasto se dio cuando se implantó la
renegociación de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores
que se habían suscrito hasta entonces. “Pero eso se hizo con sindicatos
debilitados y los trabajadores perdieron sus derechos”, sostuvo.
El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse, Secretario General de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), murió
acribillado a balazos dentro de una camioneta, frente a la puerta de su
casa. Los disparos fueron hechos con silenciadores. Sin embargo, nadie
le salió al paso, como solían hacer los subversivos tras un implacable
reglaje a sus víctimas. Los sicarios llegaron después del desayuno de la
familia; unos instantes más y no lo encontraban.
Momentos después del crimen se echó a andar la versión que se trataba de
un nuevo atentado de Sendero Luminoso. Una década después José Luis
Risco, presidente de una subcomisión investigadora del congreso,
presentó el testimonio de un agente que hacía trabajos sucios para el
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN): Clemente Alayo.
Alayo reveló que en octubre del año 1992, Martín Rivas recibió una
llamada de Fujimori al salir de los baños saunaPardo. Tras ello el jefe
del Grupo Colina anunció que se preparaba el crimen de Huilca.
Alayo volvió a oír del tema en los primeros días de noviembre. Se
encontró con Martín Rivas cerca de la Plaza 2 de Mayo, a pocos pasos del
local de la CGTP. En el interior de un automóvil estaban Mariela
Barreto y dos sujetos. Martin Rivas le dijo a Alayo: “Mira, compadre,
vas a reivindicarte de todas las cagadas que has hecho. La señorita que
ves adelante va a participar con nosotros y tiene más huevos y cojones
que tú. Y el chofer, ¿ves a ese grandazo que está allá al fondo?, ése
también va a participar; y yo también, pero tú vas a dar el tiro de
gracia. ¡Ahí quiero verte, carajo!”
Ángel Felipe Sauñi Pomaya, técnico del Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE), ratificó esa versión. Recordó que su colega Pedro
Pretell Dámaso había reconocido su participación en el crimen.
Los trabajadores culparon desde el primer momento al gobierno de
Fujimori, recordando que el ministro de economía de la dictadura, Carlos
Boloña había declarado, en agosto de 1992, que la dirigencia de la CGTP
no llegaría a fines de año.
La guerra estaba declarada desde que el gobierno aplicara una política
económica que destruía el trabajo de los peruanos, en beneficio de
grupos monopólicos. En pocos meses, el régimen había liquidado la
legislación que amparaba derechos laborales conquistados a lo largo de
décadas. Para agravar más las cosas, el Fondo de Pensiones acabó pasando
en gran parte al sistema privado, a través de las Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones que engulleron la mayor parte de sus
ingresos. Los grandes empresarios se frotaban las manos. Por eso no
extrañó que el grueso de asistentes al CADE 92 sonriera cuando el propio
Fujimori anunciara, en presencia de Pedro Huilca: “¡Los días de la CGTP
comunista ya se han terminado! ¡Éste ya no es el país donde mandan las
cúpulas de la CGTP!”
El dirigente advirtió las consecuencias de la amenaza. A los pocos días
envió un escrito, La CGTP responde, en el que recordaba que “Nunca había
habido en el Perú un gobierno en el que los trabajadores hubieran
asumido la capacidad de decisión. Todos han aplicado una política de
opresión y han actuado en contra de los trabajadores. Le aseguramos que
no le tememos y que sin alardes ni aspavientos responderemos a las
bravatas y a las amenazas de quienes hoy son fuertes”.
Pero la vida de Huilca tenía las horas contadas: el 18 de diciembre, a
las 8 y 25 de la mañana, el hombre de 42 años recibió unos cuarenta
disparos en el cuerpo cuando se disponía a marchar a la sede de la
Central. Los asesinos no repararon en disparar contra el frontis de su
casa para acallar los gritos de horror.
Flor, una de las hijas de Pedro, se cruzó en el camino con una mujer de
pelo corto, rubio, con el rostro pasmado. Tenía en las manos un arma.
Tras la balacera, Flor llevó a su padre al hospital, pero los médicos
nada pudieron hacer.
Yuri Huamaní, un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería,
capturado dos horas antes del crimen, fue acusado del asesinato. Sus
padres fueron obligados a firmar un acta en blanco, en la que luego se
consignaría una denuncia por subversión. Hasta hoy se lamentan.
A los pocos días del crimen, la policía presentó a los responsables del
crimen, pero la familia de Huilca no reconoció a nadie. A una mujer la
mostraron a través de la cerradura de una puerta, pero ella tenía el
pelo largo y oscuro; no tenía relación con la mujer que había
participado en el atentado.
