Galarreta: Historia de un tremendo tránsfuga

Sin autoridad moral. El hoy legislador fujimorista Jorge Galarreta se acomoda donde más le conviene 

 El congresista Galarreta parece no recordar su pasado. El 2011 entró al Congreso con la Alianza por el Gran Cambio, coalición electoral en la que el PPC -partido en el que estaba Galarreta-, junto con la agrupación de César Acuña (APP), postulaban a PPK a la presidencia. Por entonces, Galarreta era acérrimo crítico del fujimorismo, y así lo demostró en una entrevista con la periodista Rosa María Palacios:

Antes, cuando formaba parte de Unidad Nacional, era antifujimorista. Hablaba de “fujimontesinismo”. 

 

 Incluso, pedía que Kouri y Keiko sean transparentes con sus estudios y propiedades.

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Los anticuchazos de los congresistas fujimoristas

Desde corruptos hasta acusados de asesinato

En un reporte periodístico de Patricia Hoyos para el diario La República, nos cuenta la fatal noticia de que el nuevo Congreso será integrado por personas que ostentan sentencias judiciales por corrupción, por no pasar pensión de alimentos y hasta investigados por asesinato.

Adivinen quién le lleva la delantera a todos: Sí, el partido de Keiko Fujimori. 


Antes de entrar al detalle, existen varios delitos que se repiten, como colusión, peculado, negociación incompatible, etc. Los nombres son estrictamente técnicos en el lenguaje del derecho, pero nosotros hemos hablado con un experto en la materia y elaboramos un breve resumen de lo que significa cada uno.

• Colusión:

Es cuando el funcionario o servidor público realiza acuerdos bajo la mesa y concede licitaciones (solo por citar un ejemplo) del Estado. Esto se castiga con penas de cárcel que van de tres a quince años.

• Peculado:

Aquí resumiremos la larguísima explicación de este delito en el Código Penal: peculado es cuando un funcionario público roba. O sea, se mete al bolsillo la plata de todos los peruanos. Si cometes este delito te condenan entre cuatro y ocho años en la cárcel. Pero si te robas dinero que ha sido destinado a apoyo social, la pena aumenta a 12 años.

• Apropiación ilícita:

Si te apropias de un inmueble, dinero o valor que recibiste con el compromiso de devolverlo, serás condenado entre dos a cuatro años de prisión. Si se te dio el bien y tu misión era resguardarlo como tutor o albacea, etc. la pena sube a seis años. Si el bien era destinado a poblaciones vulnerables, la pena sube a 10 años.

• Usurpación

Es cuando para apropiarse de un bien inmueble (o parte de este) se destruye los linderos del mismo o se amenaza o se engaña o se abusa de la confianza del dueño o si se ingresa ilegalmente aprovechando la ausencia del propietario. Si haces eso, te caen hasta cinco años de cárcel.

• Negociación incompatible

Un funcionario público le otorga un contrato con el Estado a su empresa o a un amigo. Si haces eso te puedes ir hasta cuatro años a la cana.

Ojo que en un solo caso pueden estar resumidos varios delitos. Toda esta información la puedes encontrar mucho más detallada en el Código Penal.
Ahora sí y después de haberte nutrido en derecho, estos son los angelitos que tendremos que ver toditos los días a partir del 28 de julio.

Fuerza Popular

Para el próximo periodo legislativo -según indica el reportaje- la bancada de la hija mayor de Alberto Fujimori tendrá entre sus filas a seis sentenciados y cuatro con procesos pendientes de resolver en las instancias judiciales.
¿Quiénes son?

Guillermo Martorell

Tiene un proceso aún abierto por colusión. 

Miky Dipas

Sentencia por alimentos.

Víctor Albrecht

Sentenciado por peculado.

Héctor Becerril

Sentenciado por alimentos.

Vicente Zeballos

Sentencia por alimentos.

Luis Yika

Sentencia por alimentos.

Lucio Ávila

Sentencia por alimentos.

Yesenia Ponce

Tiene una condena en materia laboral.

Sonia Echeverría

Tiene una sentencia pero en el fuero civil.

Roy Ventura

Usurpación, peculado y colusión. 

César Segura

Esto es escandaloso: apropiación ilícita, lesiones culposas y homicidio culposo.

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Incendio en Cantagallo: Fujimorismo blinda a Castañeda

Comision de Fiscalización controlada por la bancada de Fuerza Popular decide no citar a alcalde de Lima

 El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril (Fuerza Popular), explicó que la situación de reubicación de la comunidad shipibo-conibo en la zona de Cantagallo, en el Rímac, no está dentro de las funciones de su grupo de trabajo. Ello en respuesta a la sugerencia de Alberto de Belaunde sobre este caso.

Héctor Becerril indicó que no adelantará opiniones al respecto de la responsabilidad política por la reubicación de la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo, y que no se dejará influenciar por sentimientos de animadversión o de afinidad política.

“No me voy a prestar a que sus odios o venganzas personales lo lleven a la Comisión de Fiscalización. A mí no me van a utilizar. Yo estoy dando muestras clarísimas de que aquí no hay ningún tipo de blindaje”, argumentó Héctor Becerril aunque en la practica se demuestre lo contrario.
Anteriormente, el presidente de la comisión ya había descartado que esta indague el presunto negociado entre la empresa brasileña OAS y funcionarios de la gestión de Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima.

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