¡Venganza Fujimorista!

Becerrill es el encargado de hacer el trabajo sucio

 El allanamiento de dos locales de propiedad de Fuerza Popular despertó la ira del fujimorista Héctor Becerril, quien ahora intenta convencer a las demás bancadas para destituir al Fiscal de la Nación.

El congresista fujimorista y vocero de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, tras calificar al fiscal titular de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, de “títere” del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sostuvo que los grupos parlamentarios que se mostraron en contra de su destitución deberán modificar su postura y respaldar -esta vez- a FP.

“No tengo ninguna duda de que (el allanamiento) será un catalizador para que otras bancadas se animen y nos acompañen en esta acusación”, aseveró en relación a la inspección de dos locales partidarios (en los distritos de Surco y Cercado de Lima), ocurridos el pasado jueves, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Becerril insiste en que “los partidos políticos son el eje de la democracia” y, por lo tanto, que la Fiscalía haya allanado establecimientos de uno de estos grupos es un “ataque directo al orden democrático del país”.

La inspección legal, en el marco de las pesquisas por presuntos aportes irregulares para la campaña electoral fujimorista del 2011, fue calificada por Becerril como “abuso” del fiscal Pérez Gómez y ha generado que el congresista fortalezca su posición de destituirlo de su cargo.

Cabe señalar que el pasado 20 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso aprobó -solo con votos de FP- otorgarle 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para elaborar un documento sobre la denuncia impulsada por el fujimorismo.

FISCAL DEFIENDE ALLANAMIENTO
En una entrevista con un medio local, el fiscal Pérez Gómez defendió el allanamiento a los locales partidarios, asegurando que el pedido de intervención fue autónomo. Asimismo, dijo que era necesario realizar la diligencia apenas el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la solicitud.

Pérez Gómez también afirmó que la medida no fue informada al fiscal Pablo Sánchez, pero apuntó que le entregará un informe si este lo pide.

ABONANDO LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
“A la luz de los hechos, esperemos que el apoyo se dé en el debate, (…) porque el fiscal Pérez tuvo que consultarle antes al Fiscal de la Nación”, sostuvo la parlamentaria Milagros Salazar, quien exhortó a sus colegas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a “asumir una posición” y avalar la acusación contra la cabeza de la Fiscalía.

Al interior de la bancada fujimorista se sostiene que el allanamiento a dos de sus locales partidarios, no hará más que abonar en la denuncia constitucional interpuesta contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

Esta acusación, que está siendo revisada por la parlamentaria Karina Beteta, fue presentada por el portavoz fujimorista, Daniel Salaverry, y pretende la “destitución e inhabilitación” del titular del Ministerio Público, “por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, debido al retraso en las investigaciones a las empresas exsocias de la constructora brasileña Odebrecht.

LA VENGANZA DE BECERRIL
Becerril espera que el informe de su correligionaria Beteta acerca de las acusaciones de Salaverry y YeniVilcatoma, que deberá presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en los próximos días, tendría que recoger las críticas a la diligencia de Domingo Pérez Gómez y recomendar la destitución del Fiscal de la Nación.

“Espero que (el rechazo al allanamiento) se vea reflejado en el informe de Beteta, en las votaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el pleno”, sentenció el portavoz alterno de FP.

Asimismo, concluyó: “En Fuerza Popular no tenemos la menor duda de que Pablo Sánchez Velarde no solo debe dejar el cargo de Fiscal de la Nación, sino también debe ser destituido como fiscal supremo”.

Por su parte, Karina Beteta, quien –como se esperaba- evitó adelantar opinión, aseguró que trabajará de forma “objetiva, transparente, responsable y con mucha seriedad”.

FUJIMORISTA CONTRADICE A SUS CORRELIGIONARIOS
A pesar de la evidente incomodidad de los fujimoristas, el secretario general de FP, José Chlimper, admitió que el allanamiento a los locales de su partido fue “legal”.

“Puedo decir que es legal, el fiscal (Domingo Pérez Gómez) ha solicitado el allanamiento, el juez (Richard Concepción) Carhuancho ha aceptado y se ha procedido. No tenían que romper la puerta, podrían haber tocado el timbre”, declaró ante una radioemisora local.

Sin embargo, el también miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) calificó a la diligencia de “innecesaria”, a la vez que tildó de “poco serios” los argumentos del Ministerio Público para la irrupción. “Creo que fue innecesario. Si tenían dudas certeras, las van a aclarar y ya las han aclarado durante el recojo de información”, afirmó. 

PODER JUDICIAL RECHAZA ACUSACIONES DEL FUJIMORISMO
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó la posición de Becerril y sus colegas de bancada, respecto a que el allanamiento a dos locales fujimoristas sea una venganza política.

“No creo que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial estén empeñados en tareas políticas o de venganza política”, manifestó Rodríguez a los periodistas.

Asimismo, dijo que tanto el fiscal, que solicitó la intervención, como el juez que la aceptó, han dado las razones para que el allanamiento se concrete, y remarcó que las decisiones judiciales se tienen que acatar.

OFICIALISMO MANIATADO
Reacciones de rechazo causó la actitud del oficialismo al darle la razón al fujimorismo, respecto a la diligencia efectuada por la Fiscalía contra dos locales de FP.

El presidente Kuczynski señaló: “Tenemos que tener respeto a los otros. A mí me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso, y no lo digo para congraciarme con el Congreso, porque si no hay respeto al debido proceso no seremos respetados internacionalmente”.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, también cuestionó que se investigue al fujimorismo y abogó para que se tomen medidas más cautelosas.

“Esto nos ha sorprendido también a nosotros. Hay que ser más cuidadosos. Lamento que se estén metiendo a investigar a los partidos políticos de esa manera. Creo que hay formas más delicadas de hacerlo”, dijo la primera ministra, contradiciendo a la Fiscalía y al propio Poder Judicial. 

La actitud del Ejecutivo es interpretada como un signo de su capacidad ante la presión fujimorista.

Una voz discordante desde el oficialismo es la del congresista Gino Costa quien aseguró que “no existe ningún tipo de venganza” contra FP y señaló que esta bancada tiene una “doble moral”.

“A mí me parece que hay, en Fuerza Popular, un doble estándar, si el Poder Judicial, a través de la Fiscalía decide meter preso preventivamente al señor José Graña, Fuerza Popular salta de alegría, pero si se les investiga a ellos es una vendetta, es una represalia, es un acto que atenta contra los partidos políticos”, refirió Costa.

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Disfrazaron dinero de Odebrecht con los aportantes fantasmas

Fiscalía maneja esta hipótesis en el caso de investigación a Keiko Fujimori.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez tiene entre sus hipótesis de trabajo que el reclutamiento en la región San Martín de aportantes ficticios fue para disfrazar el dinero que presuntamente aportó la empresa corruptora Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori del 2011, es decir, para Fuerza 2011 y no para Fuerza Popular.

Según la Fiscalía, el fujimorismo contactó a un grupo de ciudadanos de bajos recursos económicos en la región San Martín para hacerlos pasar como aportantes en la campaña del año 2011. A uno de ellos, el fujimorismo le ofreció 6 mil soles para admitir falso aporte y lo presionaron para que dijera que sí había puesto dinero en la campaña. Lo curioso es que no tiene la solvencia para hacerlo.

Estas revelaciones fueron realizadas por el testigo (TP-2017-51-1) y fueron presentadas al juez Richard Concepción Carhuancho, quien luego de evaluar estos puntos y otros dispuso el allanamiento de dos locales del fujimorismo.

La Fiscalía luego de exponer diversos casos de aportantes fantasmas concluye de manera preliminar que “se establece que el partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) ante la ONPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no cuentan con una solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado, así como aportantes que han negado los mismos, lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.

EL DINERO
El fiscal José Domingo Pérez Gómez realiza las gestiones para que Jorge Barata, el hombre fuerte de la empresa corruptora en el Perú durante el proceso de las elecciones del 2011, confirme las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien se ha referido en dos ocasiones sobre aportes a la campaña de Keiko.

El 15 de mayo de este año en Curitiba, Brasil, Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos y brasileños que: “En aquella época hasta le sugerí (a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú), mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa época, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo (ayudar a Ollanta Humala) porque es un pedido del gobierno brasileño”.

Sus declaraciones se corroborarían con la anotación “Aumentar a Keiko 500” encontrado en la agenda de su teléfono celular cuando fue detenido por la policía brasileña. En aquella declaración Marcelo Odebrecht fue claro en señalar que la política de su empresa era ayudar con dinero a los candidatos con mayores probabilidades de ganar en las elecciones.

LA SEGUNDA DECLARACIÓN

 
El 9 noviembre de este año, Marcelo Odebrecht volvió a referirse al dinero que presuntamente le habrían entregado a Keiko Fujimori.

“Al hablar sobre si dio dinero o no a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, Marcelo Odebrecht ratificó haber contribuido monetariamente con esa campaña. Cuando el fiscal Pérez Gómez le preguntó qué significaba aquello de ‘Aumentar a Keiko para 500’, Odebrecht puntualizó que ‘500’ significaba 500 mil dólares; y que aumentar quería decir que se entregaba 500 mil dólares sobre una cantidad previa, una base anterior. Pero que quien tenía que indicar cuándo y cómo se dio ese dinero es Jorge Barata”, escribió el periodista Gustavo Gorriti.

La Fiscalía considera que la versión de Barata es fundamental para aclarar el caso de los aportes a Keiko Fujimori y mientras llegue el día en que hable trata de aclarar de qué manera se disfrazó ese dinero.

Lo más probable, según la Fiscalía, es que introdujeron aquel dinero usando a aportantes ficticios que están colaborando con la investigación y sus valiosas declaraciones han servido como fundamento para el allanamiento de los dos locales del fujimorismo.

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La guerra fujimorista contra la democracia

El ataque político de Keiko Fujimori ya está en marcha 

Embate antidemocrático: Un artículo de Augusto Alvarez Rodrich

  

El allanamiento judicial de sus dos locales partidarios ha sido el catalizador para que Fuerza Popular lance toda su capacidad de demolición contra la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y las instituciones de control del país con el fin de compensar la pataleta sinfín de Keiko Fujimori por sus dos derrotas electorales consecutivas, así como para sobrevivir a la justicia por el caso Lava Jato pero, principalmente, por las investigaciones sobre vinculación con el narcotráfico de su ex secretario general y mecenas Joaquín Ramírez.

Es un esfuerzo que cuenta con la complicidad del presidente Kuczynski por la imposibilidad de su gobierno de plantear una estrategia para enfrentar el embate político en marcha y sacar al Perú de la encrucijada en la que se le está poniendo, y que vaya más allá de solo declarar que el próximo año todo va a mejorar, que los problemas del país están en los medios de comunicación, y que él sería incapaz de hacer algo contra Keiko Fujimori, como dijo ayer en RPP.

 Las cosas no van a mejorar en el país si no hay una solución política al arrinconamiento institucional que FP ha organizado con el fin de superar sus propios dilemas.

Es lo que está en marcha a través de varios mecanismos, como anuncia el consiglieri de FP, Miki Torres, cuando escribe que “no dejaremos que los enemigos de la democracia sigan haciéndonos creer que ‘justicia’ es igual a persecución política’”.

Un mecanismo clave es la comisión Lava Jato manipulada por una congresista como Rosa Bartra, quien no esconde su intención de usarla como chaira política para blindar a sus patrones y atacar a sus rivales, lo cual cuenta con la complicidad no solo del Apra, sino también de la irresponsabilidad histórica de Acción Popular y la izquierda.

Para que no parezca que FP está detrás el embate institucional, emplea a congresistas de otros partidos y, ahora último, a su topo Yeni Vilcatoma, a quien usan para plantear la renuncia de PPK a la presidencia, citar a su esposa a la comisión Lava Jato, o denunciar al fiscal de la Nación, y todo cacareado a través de entrevistas periodísticas tramitadas en los medios por Christian Peralta (a) ‘el koreano’, el jefe de comunicaciones del fujimorismo en el Congreso.

Para el camuflaje del embate contra la institucionalidad también se usa a medios amigos, ‘ideólogos’ del arenal y un bien estructurado equipo de redes para lanzar ataques hediondos con mensajes que coinciden sincronizadamente con los que emiten los periodistas cercanos al fujimorismo y la bancada de FP.

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Matilde Pinchi Pinchi: "A veces era la propia Keiko quien recogía dinero en el SIN"

Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Vladimiro Montesinos, dijo en una entrevista en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ que la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) gastó dinero de una empresa offshore creada en Panamá para financiar sus estudios en Estados Unidos. La cuenta habría sido creada por el exasesor de Alberto Fujimori. 

Pinchi Pinchi señaló que el exmandatario utilizó varios métodos para pagar los estudios universitarios de sus hijos con el dinero del Estado. “A veces era la propia Keiko quien recogía el dinero en el SIN”, agregó.

“Quien entregaba en Nueva York el dinero era el general Luis Salazar Monroe por orden del presidente. Fujimori decía: ‘Tienen que mandar tanto a mis hijos’, y así se hacía. Esto funcionó durante todo el tiempo que estuvieron allá”, sostuvo.

“Cuando ella (Keiko) estudiaba en los Estados Unidos, manejaba una tarjeta de crédito de una empresa offshore que se creó en Panamá, ¿de dónde provenía ese dinero? del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”, dijo.

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Cecilia Chacón: Piden 8 años de cárcel para su padre, el general en retiro Walter Chacón

 

Por haber recibido dinero del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) durante la dictadura fujimorista.  

La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción pidió ocho años de prisión efectiva para el general del Ejército en retiro Walter Chacón, padre de la congresista fujimorista Cecilia Chacón.

La Fiscalía acusa a Walter Chacón y a Ricardo Sotelo Navarro de haber estado involucrados en malos manejos de los fondos del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) durante régimen de Alberto Fujimori.

Según la Fiscalía, durante la época fujimorista se creó una red de corrupción liderada por el ex asesor Vladimiro Montesinos, quien ayudó a Alberto Fujimori a permanecer en el poder con la asistencia de “Comandantes Generales de las regiones militares del país”.

“Walter Chacón, como jefe de la Primera Región Militar en Lima, y Sotelo Navarro, en la Quinta Región Militar de Iquitos, habrían recibido dinero del SIN para ayudar a la campaña reeleccionista del ex mandatario”, explica la Fiscalía.

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Desempleo creció durante el Fujimorato de los 90s

 

¿Cuál fue el costo social de los años 1990-2000? La SNI reportó una pérdida de 20 mil empleos anuales, llegando a la cifra de alrededor de 200 mil despedidos durante ese régimen . 

Esto explica que el desempleo haya subido del promedio de 5,5% entre 1986 y 1988 a 8,6% entre 1992 y 1997 , según el economista Félix Jiménez . Asimismo, el empleo informal pasó de 52% en 1990 a 56,9% en 1997, producto del recorte de beneficios sociales a través de la llamada “flexibilización laboral” , que hoy también figura en el plan de gobierno de Keiko Fujimori.
De esta manera, los empleados permanentes se redujeron de un 80% en 1991 a 39% en 1997, con la consiguiente r educción de las personas con derecho a seguro de salud : de 37,7% en 1994 bajó a 23,5% en 1997. El laboralista Javier Mujica recuerda que en los 90 campearon los despidos individuales y colectivos , el uso intensivo de contratos temporales, los “services” y otras formas de contratación que escamotearon el acceso a la seguridad social y la jubilación. A esto se suma un número decreciente de sindicatos.
Este contexto permitió que solo las empresas se enriquezcan, pero no los trabajadores. Según el laboralista, Jorge Bernedo, en los ‘70 las utilidades de las empresas eran la tercera parte de la renta nacional correspondiente a los salarios, pero con los golpes de los noventa se invirtió esa relación y las utilidades pasaron a ser el triple de los salarios.
Pobreza se estancó
Farid Matuk ||_ ex jefe del INEI, sostuvo que el fujimorismo dejó la pobreza tal como la encontró después de la primera gestión aprista. Se evidenciaron tres periodos durante el “oncenio”: entre 1990 y 1994 la pobreza se estancó en 54%, luego de 1994 a 1998 la pobreza descendió a 42% (1995), y en el último periodo de 1998 a 2000 subió a 52% para después dejar al país en 54%.
Según el Instituto Cuánto, entre 1997 y 1999 el PBI percápita cayó en -2,5% a la par que el gasto real de las familias se vino abajo en -8,4% desde 1997, con un menor gasto en alimentos de -16,4%.Asimismo, la desigualdad se acrecentó: mientras que el 20% de los más pobres redujo su gasto familiar en -17,6%, por otro lado el 20% más pudiente aumentó su gasto en 3,3%.
Matuk resaltó que el retorno al nivel de pobreza de los años ochenta se debió a la ineficiente gestión plagada de corrupción en un contexto que coincidía con una crisis internacional. Indicó que estas cifras dadas son las definitivas, luego de que en esos años se falsearan los índices de reducción de la pobreza.
El costo de la corrupción
El economista Humberto Campodónico dice que las reformas liberales de los 90 se financiaron con dinero del Banco Mundial y el BID por un total de US$ 6.808 millones.
Además, sabemos por cifras ministeriales de aquella época que el ingreso producto de las privatizaciones de 1990 al 2000 ascendió a US$ 9,991, de los cuales solo quedaron US$ 543 millones.
Si a ello se suman los millones enviados por la cooperación japonesa y otros montos más del BM y el BID para los programas sociales, el fujimorismo se consagró como el régimen con mayor asignación de recursos adicionales a los presupuestos.
En este contexto se configuró unos de los robos más grandes al Estado peruano (se estima que el costo total por la corrupción asciende a US$ 7 mil millones) y un sistema de asistencialismo que cumplía funciones específicas .
“De un lado, contentaba a las elites que querían las privatizaciones y la ‘reforma económica’ y, de otro, llegaba a las amplias masas de zonas pobres, con énfasis en el sector rural, con ‘regalos’ que permitían reemplazar el inexistente ‘libre mercado’”, precisó Campodónico.
Lo anecdótico es que tal escenario se puede repetir. El ex ministro fujimorista José Chlimper ya lo reconoció: el 90% del plan de Keiko Fujimori se sostiene en la continuidad del modelo económico, pero con un mayor gasto destinado al asistencialismo. Nada más claro.

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El gobierno fujimorista fue un fracaso económico

No fue el mejor de la historia del Perú como afirma el fujimorismo . En esos once años se agudizó la desigualdad, subió el desempleo y hubo cifras en rojo en la balanza comercial , mientras la corrupción campeó. 

 ¿Puede ser el gobierno de Alberto Fujimori el mejor de la historia del Perú –como proclama hoy Keiko Fujimori? – cuando ese régimen dejó al país con un 54% de pobreza, 200 mil peruanos despedidos, 23 mil empresas quebradas, 7 mil millones de dólares robados por la corrupción y un régimen económico sumido en la recesión? La respuesta cae por su propio peso. 

En su momento durante la campaña del 2011 el mismo José Chlimper, ex ministro de ese régimen, reconoció que los vaivenes económicos de ese entonces llegaron a su tope en 1997 y que después de esa fecha la economía se vino abajo.

“Fueron (años) muy malos. Metidos en la re-reelección (de Fujimori), abandonando las reformas de segunda generación, la gestión fue muy mala”, declaró al programa Prensa Libre.
Según el economista Feliz Jimenez durante los noventa el país creció solo en cuatro años (1993, 1994, 1995 y 1997); el resto fueron periodos de recesión. E, incluso, esos años de crecimiento fueron timoneados por la demanda internacional de productos primarios de los sectores pesquero, agrícola y minero, pero no por políticas económicas propias.
En resumidas cuentas, Jiménez anota lo siguiente: 1) La política macroeconómica del fujimorismo abarató el dólar como medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el tipo de cambio. 2) La política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago de la deuda externa en montos exorbitantes. 3) La política monetaria fue restrictiva y encareció en demasía el crédito. Y 4) las privatizaciones generaron precios monopólicos en la energía eléctrica y la telefonía.
El resultado fue un modelo “antiindustrial” y “reprimarizador” que elevó los costos de producción , prevaleció las importaciones y, por ende, restó competitividad al país. De ahí que la balanza comercial durante el “oncenio” fuera negativa, pues las importaciones crecieron en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones aumentaron en 72,3%. La industria se desplomó

Ante ese panorama, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) remitió un balance negativo luego de los dos gobiernos de Alberto Fujimori y afirmó que el sector industrial se mantuvo en recesión durante esos once años, pues nunca estuvieron en los planes del régimen.
En cifras de la SNI, unas 23 mil empresas cerraron o quebraron en el periodo 1990-2000, de las cuales el 95% pertenecían a las pymes. No solo eso: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reportó no menos de 120 mil empresas endeudadas durante esa década, sin contar las que ya habían cerrado por endeudamiento. Esto trajo como resultado un descenso de 33% en el empleo industrial.
En el sector construcción el auge fue efímero . Entre 1992 y 1994 el PBI constructor varió de 2,3% a 36,1%, respectivamente. Luego en 1995 registró un indicador de 17,3% y se derrumbó en caída libre a -2,3% en 1996 a -10,8% en 1999.

Tal desplome ocasionó que solo tuvieran trabajo el 15% de las 300 mil personas que laboraban en el sector, según datos de Capeco y las consultoras Maximixe e Inform@cción.

Igual situación ocurrió en el sector comercio . En cifras del Banco Central de Reserva (BCR) , en 1995 tuvo un crecimiento de 11,1%. Al año siguiente registró un 0,9% y en 1997 se despuntó a 7,8% para después entrar en rojo con -3,1% en 1998 y -1% en 1999.

El agro también fue perjudicado cuando subrepticiamente se les arrebató a los agricultores el Banco Agrario , entidad a la que recurrían los pequeños productores para solicitar el 90% de sus créditos.

Reforma estructural

El economista Juan José Marthans refiere que la herencia de los 80 tuvo que generar un costo social y económico en los 90, que por lo menos sustentó el frenazo económico de 3 de los 6 años de recesión durante el régimen de Alberto Fujimori , contando la crisis asiática, rusa y brasileña de esos tiempos.

Ello porque en los noventa se aplicó un ajuste estructural proveniente de Consenso de Washington (EEUU) , el cual guió al país a una apertura comercial agresiva, permitiéndole bajar la inflación a un dígito.

Sin embargo, anota Marthans, las reformas no se concluyeron, sino más bien se vieron manchadas por la corrupción, perjudicando la economía y demostrando que el fujimorismo fue un mal gestor de la administración pública.

Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector de la PUCP , alertó en 1998 que el modelo neoliberal de los 90, enfrascado en el autoritarismo, no era sostenible en el tiempo, pues ahondaba la desigualdad y el desempleo.

Y ello debido a que era necesario una reforma del Estado –explicó Gonzales de Olarte–, pero la “dictablanda o democradura” de la dupla Fujimori y Montesinos “no iba a reformarse a sí mismo porque así funcionaba y gobernaba el país”. Ahora “el que quiera hacer políticas distributivas se va a tener que enfrentar con un Estado corrupto”, afirmó.
El economista Armando Mendoza dice que aunque la política fujimorista era de libre mercado fue la gestión más interventora en la economía, pero de manera corrupta, pues no había independencia de poderes, a diferencia de la actualidad que hay una tendencia a la “profesionalización” del manejo económico.

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