¡Venganza Fujimorista!

Becerrill es el encargado de hacer el trabajo sucio

 El allanamiento de dos locales de propiedad de Fuerza Popular despertó la ira del fujimorista Héctor Becerril, quien ahora intenta convencer a las demás bancadas para destituir al Fiscal de la Nación.

El congresista fujimorista y vocero de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, tras calificar al fiscal titular de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, de “títere” del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sostuvo que los grupos parlamentarios que se mostraron en contra de su destitución deberán modificar su postura y respaldar -esta vez- a FP.

“No tengo ninguna duda de que (el allanamiento) será un catalizador para que otras bancadas se animen y nos acompañen en esta acusación”, aseveró en relación a la inspección de dos locales partidarios (en los distritos de Surco y Cercado de Lima), ocurridos el pasado jueves, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Becerril insiste en que “los partidos políticos son el eje de la democracia” y, por lo tanto, que la Fiscalía haya allanado establecimientos de uno de estos grupos es un “ataque directo al orden democrático del país”.

La inspección legal, en el marco de las pesquisas por presuntos aportes irregulares para la campaña electoral fujimorista del 2011, fue calificada por Becerril como “abuso” del fiscal Pérez Gómez y ha generado que el congresista fortalezca su posición de destituirlo de su cargo.

Cabe señalar que el pasado 20 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso aprobó -solo con votos de FP- otorgarle 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para elaborar un documento sobre la denuncia impulsada por el fujimorismo.

FISCAL DEFIENDE ALLANAMIENTO
En una entrevista con un medio local, el fiscal Pérez Gómez defendió el allanamiento a los locales partidarios, asegurando que el pedido de intervención fue autónomo. Asimismo, dijo que era necesario realizar la diligencia apenas el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la solicitud.

Pérez Gómez también afirmó que la medida no fue informada al fiscal Pablo Sánchez, pero apuntó que le entregará un informe si este lo pide.

ABONANDO LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
“A la luz de los hechos, esperemos que el apoyo se dé en el debate, (…) porque el fiscal Pérez tuvo que consultarle antes al Fiscal de la Nación”, sostuvo la parlamentaria Milagros Salazar, quien exhortó a sus colegas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a “asumir una posición” y avalar la acusación contra la cabeza de la Fiscalía.

Al interior de la bancada fujimorista se sostiene que el allanamiento a dos de sus locales partidarios, no hará más que abonar en la denuncia constitucional interpuesta contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

Esta acusación, que está siendo revisada por la parlamentaria Karina Beteta, fue presentada por el portavoz fujimorista, Daniel Salaverry, y pretende la “destitución e inhabilitación” del titular del Ministerio Público, “por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, debido al retraso en las investigaciones a las empresas exsocias de la constructora brasileña Odebrecht.

LA VENGANZA DE BECERRIL
Becerril espera que el informe de su correligionaria Beteta acerca de las acusaciones de Salaverry y YeniVilcatoma, que deberá presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en los próximos días, tendría que recoger las críticas a la diligencia de Domingo Pérez Gómez y recomendar la destitución del Fiscal de la Nación.

“Espero que (el rechazo al allanamiento) se vea reflejado en el informe de Beteta, en las votaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el pleno”, sentenció el portavoz alterno de FP.

Asimismo, concluyó: “En Fuerza Popular no tenemos la menor duda de que Pablo Sánchez Velarde no solo debe dejar el cargo de Fiscal de la Nación, sino también debe ser destituido como fiscal supremo”.

Por su parte, Karina Beteta, quien –como se esperaba- evitó adelantar opinión, aseguró que trabajará de forma “objetiva, transparente, responsable y con mucha seriedad”.

FUJIMORISTA CONTRADICE A SUS CORRELIGIONARIOS
A pesar de la evidente incomodidad de los fujimoristas, el secretario general de FP, José Chlimper, admitió que el allanamiento a los locales de su partido fue “legal”.

“Puedo decir que es legal, el fiscal (Domingo Pérez Gómez) ha solicitado el allanamiento, el juez (Richard Concepción) Carhuancho ha aceptado y se ha procedido. No tenían que romper la puerta, podrían haber tocado el timbre”, declaró ante una radioemisora local.

Sin embargo, el también miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) calificó a la diligencia de “innecesaria”, a la vez que tildó de “poco serios” los argumentos del Ministerio Público para la irrupción. “Creo que fue innecesario. Si tenían dudas certeras, las van a aclarar y ya las han aclarado durante el recojo de información”, afirmó. 

PODER JUDICIAL RECHAZA ACUSACIONES DEL FUJIMORISMO
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, descartó la posición de Becerril y sus colegas de bancada, respecto a que el allanamiento a dos locales fujimoristas sea una venganza política.

“No creo que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial estén empeñados en tareas políticas o de venganza política”, manifestó Rodríguez a los periodistas.

Asimismo, dijo que tanto el fiscal, que solicitó la intervención, como el juez que la aceptó, han dado las razones para que el allanamiento se concrete, y remarcó que las decisiones judiciales se tienen que acatar.

OFICIALISMO MANIATADO
Reacciones de rechazo causó la actitud del oficialismo al darle la razón al fujimorismo, respecto a la diligencia efectuada por la Fiscalía contra dos locales de FP.

El presidente Kuczynski señaló: “Tenemos que tener respeto a los otros. A mí me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento en Lima de locales de un partido político que domina el Congreso, y no lo digo para congraciarme con el Congreso, porque si no hay respeto al debido proceso no seremos respetados internacionalmente”.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, también cuestionó que se investigue al fujimorismo y abogó para que se tomen medidas más cautelosas.

“Esto nos ha sorprendido también a nosotros. Hay que ser más cuidadosos. Lamento que se estén metiendo a investigar a los partidos políticos de esa manera. Creo que hay formas más delicadas de hacerlo”, dijo la primera ministra, contradiciendo a la Fiscalía y al propio Poder Judicial. 

La actitud del Ejecutivo es interpretada como un signo de su capacidad ante la presión fujimorista.

Una voz discordante desde el oficialismo es la del congresista Gino Costa quien aseguró que “no existe ningún tipo de venganza” contra FP y señaló que esta bancada tiene una “doble moral”.

“A mí me parece que hay, en Fuerza Popular, un doble estándar, si el Poder Judicial, a través de la Fiscalía decide meter preso preventivamente al señor José Graña, Fuerza Popular salta de alegría, pero si se les investiga a ellos es una vendetta, es una represalia, es un acto que atenta contra los partidos políticos”, refirió Costa.

Leer Más

Disfrazaron dinero de Odebrecht con los aportantes fantasmas

Fiscalía maneja esta hipótesis en el caso de investigación a Keiko Fujimori.

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez tiene entre sus hipótesis de trabajo que el reclutamiento en la región San Martín de aportantes ficticios fue para disfrazar el dinero que presuntamente aportó la empresa corruptora Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori del 2011, es decir, para Fuerza 2011 y no para Fuerza Popular.

Según la Fiscalía, el fujimorismo contactó a un grupo de ciudadanos de bajos recursos económicos en la región San Martín para hacerlos pasar como aportantes en la campaña del año 2011. A uno de ellos, el fujimorismo le ofreció 6 mil soles para admitir falso aporte y lo presionaron para que dijera que sí había puesto dinero en la campaña. Lo curioso es que no tiene la solvencia para hacerlo.

Estas revelaciones fueron realizadas por el testigo (TP-2017-51-1) y fueron presentadas al juez Richard Concepción Carhuancho, quien luego de evaluar estos puntos y otros dispuso el allanamiento de dos locales del fujimorismo.

La Fiscalía luego de exponer diversos casos de aportantes fantasmas concluye de manera preliminar que “se establece que el partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) ante la ONPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no cuentan con una solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado, así como aportantes que han negado los mismos, lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.

EL DINERO
El fiscal José Domingo Pérez Gómez realiza las gestiones para que Jorge Barata, el hombre fuerte de la empresa corruptora en el Perú durante el proceso de las elecciones del 2011, confirme las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien se ha referido en dos ocasiones sobre aportes a la campaña de Keiko.

El 15 de mayo de este año en Curitiba, Brasil, Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos y brasileños que: “En aquella época hasta le sugerí (a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú), mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa época, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo (ayudar a Ollanta Humala) porque es un pedido del gobierno brasileño”.

Sus declaraciones se corroborarían con la anotación “Aumentar a Keiko 500” encontrado en la agenda de su teléfono celular cuando fue detenido por la policía brasileña. En aquella declaración Marcelo Odebrecht fue claro en señalar que la política de su empresa era ayudar con dinero a los candidatos con mayores probabilidades de ganar en las elecciones.

LA SEGUNDA DECLARACIÓN

 
El 9 noviembre de este año, Marcelo Odebrecht volvió a referirse al dinero que presuntamente le habrían entregado a Keiko Fujimori.

“Al hablar sobre si dio dinero o no a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, Marcelo Odebrecht ratificó haber contribuido monetariamente con esa campaña. Cuando el fiscal Pérez Gómez le preguntó qué significaba aquello de ‘Aumentar a Keiko para 500’, Odebrecht puntualizó que ‘500’ significaba 500 mil dólares; y que aumentar quería decir que se entregaba 500 mil dólares sobre una cantidad previa, una base anterior. Pero que quien tenía que indicar cuándo y cómo se dio ese dinero es Jorge Barata”, escribió el periodista Gustavo Gorriti.

La Fiscalía considera que la versión de Barata es fundamental para aclarar el caso de los aportes a Keiko Fujimori y mientras llegue el día en que hable trata de aclarar de qué manera se disfrazó ese dinero.

Lo más probable, según la Fiscalía, es que introdujeron aquel dinero usando a aportantes ficticios que están colaborando con la investigación y sus valiosas declaraciones han servido como fundamento para el allanamiento de los dos locales del fujimorismo.

Leer Más

La guerra fujimorista contra la democracia

El ataque político de Keiko Fujimori ya está en marcha 

Embate antidemocrático: Un artículo de Augusto Alvarez Rodrich

  

El allanamiento judicial de sus dos locales partidarios ha sido el catalizador para que Fuerza Popular lance toda su capacidad de demolición contra la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y las instituciones de control del país con el fin de compensar la pataleta sinfín de Keiko Fujimori por sus dos derrotas electorales consecutivas, así como para sobrevivir a la justicia por el caso Lava Jato pero, principalmente, por las investigaciones sobre vinculación con el narcotráfico de su ex secretario general y mecenas Joaquín Ramírez.

Es un esfuerzo que cuenta con la complicidad del presidente Kuczynski por la imposibilidad de su gobierno de plantear una estrategia para enfrentar el embate político en marcha y sacar al Perú de la encrucijada en la que se le está poniendo, y que vaya más allá de solo declarar que el próximo año todo va a mejorar, que los problemas del país están en los medios de comunicación, y que él sería incapaz de hacer algo contra Keiko Fujimori, como dijo ayer en RPP.

 Las cosas no van a mejorar en el país si no hay una solución política al arrinconamiento institucional que FP ha organizado con el fin de superar sus propios dilemas.

Es lo que está en marcha a través de varios mecanismos, como anuncia el consiglieri de FP, Miki Torres, cuando escribe que “no dejaremos que los enemigos de la democracia sigan haciéndonos creer que ‘justicia’ es igual a persecución política’”.

Un mecanismo clave es la comisión Lava Jato manipulada por una congresista como Rosa Bartra, quien no esconde su intención de usarla como chaira política para blindar a sus patrones y atacar a sus rivales, lo cual cuenta con la complicidad no solo del Apra, sino también de la irresponsabilidad histórica de Acción Popular y la izquierda.

Para que no parezca que FP está detrás el embate institucional, emplea a congresistas de otros partidos y, ahora último, a su topo Yeni Vilcatoma, a quien usan para plantear la renuncia de PPK a la presidencia, citar a su esposa a la comisión Lava Jato, o denunciar al fiscal de la Nación, y todo cacareado a través de entrevistas periodísticas tramitadas en los medios por Christian Peralta (a) ‘el koreano’, el jefe de comunicaciones del fujimorismo en el Congreso.

Para el camuflaje del embate contra la institucionalidad también se usa a medios amigos, ‘ideólogos’ del arenal y un bien estructurado equipo de redes para lanzar ataques hediondos con mensajes que coinciden sincronizadamente con los que emiten los periodistas cercanos al fujimorismo y la bancada de FP.

Leer Más

Matilde Pinchi Pinchi: "A veces era la propia Keiko quien recogía dinero en el SIN"

Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Vladimiro Montesinos, dijo en una entrevista en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ que la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) gastó dinero de una empresa offshore creada en Panamá para financiar sus estudios en Estados Unidos. La cuenta habría sido creada por el exasesor de Alberto Fujimori. 

Pinchi Pinchi señaló que el exmandatario utilizó varios métodos para pagar los estudios universitarios de sus hijos con el dinero del Estado. “A veces era la propia Keiko quien recogía el dinero en el SIN”, agregó.

“Quien entregaba en Nueva York el dinero era el general Luis Salazar Monroe por orden del presidente. Fujimori decía: ‘Tienen que mandar tanto a mis hijos’, y así se hacía. Esto funcionó durante todo el tiempo que estuvieron allá”, sostuvo.

“Cuando ella (Keiko) estudiaba en los Estados Unidos, manejaba una tarjeta de crédito de una empresa offshore que se creó en Panamá, ¿de dónde provenía ese dinero? del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”, dijo.

Leer Más

Cecilia Chacón: Piden 8 años de cárcel para su padre, el general en retiro Walter Chacón

 

Por haber recibido dinero del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) durante la dictadura fujimorista.  

La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción pidió ocho años de prisión efectiva para el general del Ejército en retiro Walter Chacón, padre de la congresista fujimorista Cecilia Chacón.

La Fiscalía acusa a Walter Chacón y a Ricardo Sotelo Navarro de haber estado involucrados en malos manejos de los fondos del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) durante régimen de Alberto Fujimori.

Según la Fiscalía, durante la época fujimorista se creó una red de corrupción liderada por el ex asesor Vladimiro Montesinos, quien ayudó a Alberto Fujimori a permanecer en el poder con la asistencia de “Comandantes Generales de las regiones militares del país”.

“Walter Chacón, como jefe de la Primera Región Militar en Lima, y Sotelo Navarro, en la Quinta Región Militar de Iquitos, habrían recibido dinero del SIN para ayudar a la campaña reeleccionista del ex mandatario”, explica la Fiscalía.

Leer Más

Desempleo creció durante el Fujimorato de los 90s

 

¿Cuál fue el costo social de los años 1990-2000? La SNI reportó una pérdida de 20 mil empleos anuales, llegando a la cifra de alrededor de 200 mil despedidos durante ese régimen . 

Esto explica que el desempleo haya subido del promedio de 5,5% entre 1986 y 1988 a 8,6% entre 1992 y 1997 , según el economista Félix Jiménez . Asimismo, el empleo informal pasó de 52% en 1990 a 56,9% en 1997, producto del recorte de beneficios sociales a través de la llamada “flexibilización laboral” , que hoy también figura en el plan de gobierno de Keiko Fujimori.
De esta manera, los empleados permanentes se redujeron de un 80% en 1991 a 39% en 1997, con la consiguiente r educción de las personas con derecho a seguro de salud : de 37,7% en 1994 bajó a 23,5% en 1997. El laboralista Javier Mujica recuerda que en los 90 campearon los despidos individuales y colectivos , el uso intensivo de contratos temporales, los “services” y otras formas de contratación que escamotearon el acceso a la seguridad social y la jubilación. A esto se suma un número decreciente de sindicatos.
Este contexto permitió que solo las empresas se enriquezcan, pero no los trabajadores. Según el laboralista, Jorge Bernedo, en los ‘70 las utilidades de las empresas eran la tercera parte de la renta nacional correspondiente a los salarios, pero con los golpes de los noventa se invirtió esa relación y las utilidades pasaron a ser el triple de los salarios.
Pobreza se estancó
Farid Matuk ||_ ex jefe del INEI, sostuvo que el fujimorismo dejó la pobreza tal como la encontró después de la primera gestión aprista. Se evidenciaron tres periodos durante el “oncenio”: entre 1990 y 1994 la pobreza se estancó en 54%, luego de 1994 a 1998 la pobreza descendió a 42% (1995), y en el último periodo de 1998 a 2000 subió a 52% para después dejar al país en 54%.
Según el Instituto Cuánto, entre 1997 y 1999 el PBI percápita cayó en -2,5% a la par que el gasto real de las familias se vino abajo en -8,4% desde 1997, con un menor gasto en alimentos de -16,4%.Asimismo, la desigualdad se acrecentó: mientras que el 20% de los más pobres redujo su gasto familiar en -17,6%, por otro lado el 20% más pudiente aumentó su gasto en 3,3%.
Matuk resaltó que el retorno al nivel de pobreza de los años ochenta se debió a la ineficiente gestión plagada de corrupción en un contexto que coincidía con una crisis internacional. Indicó que estas cifras dadas son las definitivas, luego de que en esos años se falsearan los índices de reducción de la pobreza.
El costo de la corrupción
El economista Humberto Campodónico dice que las reformas liberales de los 90 se financiaron con dinero del Banco Mundial y el BID por un total de US$ 6.808 millones.
Además, sabemos por cifras ministeriales de aquella época que el ingreso producto de las privatizaciones de 1990 al 2000 ascendió a US$ 9,991, de los cuales solo quedaron US$ 543 millones.
Si a ello se suman los millones enviados por la cooperación japonesa y otros montos más del BM y el BID para los programas sociales, el fujimorismo se consagró como el régimen con mayor asignación de recursos adicionales a los presupuestos.
En este contexto se configuró unos de los robos más grandes al Estado peruano (se estima que el costo total por la corrupción asciende a US$ 7 mil millones) y un sistema de asistencialismo que cumplía funciones específicas .
“De un lado, contentaba a las elites que querían las privatizaciones y la ‘reforma económica’ y, de otro, llegaba a las amplias masas de zonas pobres, con énfasis en el sector rural, con ‘regalos’ que permitían reemplazar el inexistente ‘libre mercado’”, precisó Campodónico.
Lo anecdótico es que tal escenario se puede repetir. El ex ministro fujimorista José Chlimper ya lo reconoció: el 90% del plan de Keiko Fujimori se sostiene en la continuidad del modelo económico, pero con un mayor gasto destinado al asistencialismo. Nada más claro.

Leer Más

El gobierno fujimorista fue un fracaso económico

No fue el mejor de la historia del Perú como afirma el fujimorismo . En esos once años se agudizó la desigualdad, subió el desempleo y hubo cifras en rojo en la balanza comercial , mientras la corrupción campeó. 

 ¿Puede ser el gobierno de Alberto Fujimori el mejor de la historia del Perú –como proclama hoy Keiko Fujimori? – cuando ese régimen dejó al país con un 54% de pobreza, 200 mil peruanos despedidos, 23 mil empresas quebradas, 7 mil millones de dólares robados por la corrupción y un régimen económico sumido en la recesión? La respuesta cae por su propio peso. 

En su momento durante la campaña del 2011 el mismo José Chlimper, ex ministro de ese régimen, reconoció que los vaivenes económicos de ese entonces llegaron a su tope en 1997 y que después de esa fecha la economía se vino abajo.

“Fueron (años) muy malos. Metidos en la re-reelección (de Fujimori), abandonando las reformas de segunda generación, la gestión fue muy mala”, declaró al programa Prensa Libre.
Según el economista Feliz Jimenez durante los noventa el país creció solo en cuatro años (1993, 1994, 1995 y 1997); el resto fueron periodos de recesión. E, incluso, esos años de crecimiento fueron timoneados por la demanda internacional de productos primarios de los sectores pesquero, agrícola y minero, pero no por políticas económicas propias.
En resumidas cuentas, Jiménez anota lo siguiente: 1) La política macroeconómica del fujimorismo abarató el dólar como medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el tipo de cambio. 2) La política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago de la deuda externa en montos exorbitantes. 3) La política monetaria fue restrictiva y encareció en demasía el crédito. Y 4) las privatizaciones generaron precios monopólicos en la energía eléctrica y la telefonía.
El resultado fue un modelo “antiindustrial” y “reprimarizador” que elevó los costos de producción , prevaleció las importaciones y, por ende, restó competitividad al país. De ahí que la balanza comercial durante el “oncenio” fuera negativa, pues las importaciones crecieron en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones aumentaron en 72,3%. La industria se desplomó

Ante ese panorama, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) remitió un balance negativo luego de los dos gobiernos de Alberto Fujimori y afirmó que el sector industrial se mantuvo en recesión durante esos once años, pues nunca estuvieron en los planes del régimen.
En cifras de la SNI, unas 23 mil empresas cerraron o quebraron en el periodo 1990-2000, de las cuales el 95% pertenecían a las pymes. No solo eso: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reportó no menos de 120 mil empresas endeudadas durante esa década, sin contar las que ya habían cerrado por endeudamiento. Esto trajo como resultado un descenso de 33% en el empleo industrial.
En el sector construcción el auge fue efímero . Entre 1992 y 1994 el PBI constructor varió de 2,3% a 36,1%, respectivamente. Luego en 1995 registró un indicador de 17,3% y se derrumbó en caída libre a -2,3% en 1996 a -10,8% en 1999.

Tal desplome ocasionó que solo tuvieran trabajo el 15% de las 300 mil personas que laboraban en el sector, según datos de Capeco y las consultoras Maximixe e Inform@cción.

Igual situación ocurrió en el sector comercio . En cifras del Banco Central de Reserva (BCR) , en 1995 tuvo un crecimiento de 11,1%. Al año siguiente registró un 0,9% y en 1997 se despuntó a 7,8% para después entrar en rojo con -3,1% en 1998 y -1% en 1999.

El agro también fue perjudicado cuando subrepticiamente se les arrebató a los agricultores el Banco Agrario , entidad a la que recurrían los pequeños productores para solicitar el 90% de sus créditos.

Reforma estructural

El economista Juan José Marthans refiere que la herencia de los 80 tuvo que generar un costo social y económico en los 90, que por lo menos sustentó el frenazo económico de 3 de los 6 años de recesión durante el régimen de Alberto Fujimori , contando la crisis asiática, rusa y brasileña de esos tiempos.

Ello porque en los noventa se aplicó un ajuste estructural proveniente de Consenso de Washington (EEUU) , el cual guió al país a una apertura comercial agresiva, permitiéndole bajar la inflación a un dígito.

Sin embargo, anota Marthans, las reformas no se concluyeron, sino más bien se vieron manchadas por la corrupción, perjudicando la economía y demostrando que el fujimorismo fue un mal gestor de la administración pública.

Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector de la PUCP , alertó en 1998 que el modelo neoliberal de los 90, enfrascado en el autoritarismo, no era sostenible en el tiempo, pues ahondaba la desigualdad y el desempleo.

Y ello debido a que era necesario una reforma del Estado –explicó Gonzales de Olarte–, pero la “dictablanda o democradura” de la dupla Fujimori y Montesinos “no iba a reformarse a sí mismo porque así funcionaba y gobernaba el país”. Ahora “el que quiera hacer políticas distributivas se va a tener que enfrentar con un Estado corrupto”, afirmó.
El economista Armando Mendoza dice que aunque la política fujimorista era de libre mercado fue la gestión más interventora en la economía, pero de manera corrupta, pues no había independencia de poderes, a diferencia de la actualidad que hay una tendencia a la “profesionalización” del manejo económico.

Leer Más

Tránsfuga Lourdes Alcorta no tiene estudios superiores.

Según la Sunedu y su Hoja de Vida la fujimorista solo tendría estudios secundarios

Sobre la parlamentaria fujimorista Lourdes Alcorta, la Wikipedia dice lo siguiente: "María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero (Lima, Perú, 21 de junio de 1951) es una publicista, comunicadora social y política peruana. Ex miembro del Partido Popular Cristiano, fue electa como Regidora de San Isidro en el 2003 y como Congresista de la República del Perú por Unidad Nacional en el 2006 y reelecta en el 2011 dentro de la Alianza por el Gran Cambio. En julio de 2013, renuncia al Partido Popular Cristiano y a la bancada Alianza por el Gran Cambio. En las elecciones generales del 2016 es reelecta congresista por Fuerza Popular. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón Sophianum, en San Isidro. Realizó estudios universitarios en publicidad y marketing en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.". Sin embargo, la furibunda congresista fujimorista, de 65 años de edad, no ha declarado la información concerniente a sus estudios superiores en su hoja de vida. Esta información es accesible a través de los servicios votoinformado.pe o infogob.com.pe del Jurado Nacional de Elecciones.

La información que Alcorta declaró es la siguiente:


Sobre la información declarada u omitida, podemos concluir que Lourdes Alcorta no realizó estudios superiores, o si los realizó como afirma la wikipedia, estos no fueron concluidos. Sin embargo, Alcorta podía declarar estudios superiores no concluidos sin ningún problema y especificar hasta que ciclo o semestre los realizó. ¿Será que la congresista fujimorista no realizó estudios superiores y solo tiene secundaria completa? Lo cual no tiene nada de malo. Hay miles de peruanos en esa condición, debido a que no cuentan con las oportunidades o recursos para seguir estudios superiores, pero no es el caso de la parlamentaria Lourdes Alcorta, quien esta repitiendo el suculento plato. Con dos periodos congresales, de sobra tenia para sacar hasta el doctorado. ¿Será flojera o conformismo lo que le impide estudiar a esta madre de la patria?

Por lo pronto, el sitio web www.lourdesalcorta.com nos dice que su profesión es "Publicista y Comunicadora Social".

Leer Más

Fujimoristas eliminan decretos que protegen a poblaciones vulnerables

La Comisión de Constitución recomienda eliminar enfoque de género de otros tres decretos legislativos

 

Con el voto mayoritario de Fuerza Popular, la Comisión de Constitución del Congreso recomendó este martes retirar los enfoques de género y sexualidad de otros decretos legislativos, promulgados por el Gobierno: el 1348, 1267 y 1325.

En su última sesión para revisar los decretos dados por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas, los congresistas cuestionaron específicamente los términos relacionados a la violencia de género y la protección a la discriminación por orientación sexual.

De confirmarse en el Pleno del Congreso, sería derogado el artículo del Decreto Legislativo 1267 que señala que la PNP debe asegurar la “primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales (…) considerando los enfoques de género”

El 1325, sobre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), establece que “la población penitenciaria vulnerable recibe tratamiento especializado e integral, en particular por razones de identidad de género, orientación sexual.

Mientras que el Decreto Legislativo 1348, sobre el Código Penal, dispone que dicho paquete normativo se debe aplicar con criterios según genero y orientación sexual.

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (Fuerza Popular), dijo que tomaron esa medida porque el Ejecutivo se excedió en la delegación de facultades. 

Con esto el fujimorismo deja sin protección a personas a que sufren gran cantidad de maltratos y agresiones facilitando el camino para que los perpetradores se liberen de que les apliquen duras penas. 

Leer Más

Congresista fujimorista Aramayo se presentó completamente borracha a entrevista.

La congresista fujimorista Alejandra Aramayo, se presentó completamente en estado de ebriedad a una entrevista el 27 de abril del 2016 en el programa 'A boca jarro' de Canal N junto al congresista Guido Lombardi para hablar sobre si Kenji Fujimori debía presidir el Congreso. 

Aquí el video del recuerdo. 

Leer Más

Universidad anula título de abogado a congresista de Fuerza Popular

Mientras la Comisión de Ética del Congreso, presidida por el fujimorismo, no quiso investigar a fujimorista Elard Melgar, la universidad si comprobó que hubo delito de plagio. 

  
La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, emitió una resolución a través del Consejo Universitario donde dispone anular el título de abogado del congresista de Fuerza Popular, Elard Melgar, acusado de plagiar su tesis profesional.

Según un oficio hecho público el 29 de marzo, se autoriza a la jefa de Unidad de Registros de Grados y Títulos a anular el documento profesional expedido al mencionado parlamentario, así como el diploma respectivo. 

Melgar Valdez fue denunciado ante la comisión de Ética del Parlamento por plagiar su tesis para ser abogado en dicha institución. De acuerdo a la evaluación del software PlagScan, el trabajo de investigación presentaba indicios de plagio en casi la mitad del íntegro del texto.

Según la hoja de vida del legislador, cursó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, entre el 2011 y 2015, obteniendo el grado de bachiller, pero el título lo tramitó ante la universidad referida de Huacho.

Leer Más

Actual director del BCR José Chlimper fue director de Graña y Montero desde el 2006.

 

Fujimorista fue ejecutivo de la constructora y según Jorge Barata, tenía conocimiento de los sobornos que entregó Odebrecht a Toledo por la Interoceánica. 

José Chlimper, Graña y Montero y Odebrecht son palabras que probablemente coinciden con los US$ 20 millones en sobornos que entregó Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur. El fujimorista, ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR), fue director de la constructora peruana desde el 2006 hasta el 2015.

Como se sabe, el megaproyecto vial que une el océano Atlántico con el Pacífico vio la luz cuando Toledo Manrique se despedía de la presidencia, en el 2005. Entonces fue adjudicada al consorcio que integraba Odebrecht, Graña y Montero y JJC Contratistas Generales S.A.

 

Desde el proceso de licitación de la obra ya se vislumbraban irregularidades, lo que después pudo confirmarse cuando Jorge Barata reveló haber pagado US$ 20 millones en sobornos al líder de Perú Posible por la adjudicación de la misma. 

 

Sin embargo, lo que no se sabía, hasta hoy, era que las compañías que acompañaron a la constructora brasileña en el proyecto conocían, según aseguró Jorge Barata, que Odebrecht pagó la millonaria coima.

 

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que correspondería”, dijo el ex CEO de la empresa brasileña al semanario “Hildebrandt en sus trece”.

 

GyM salió inmediatamente a negar esta aseveración y negó que sus ejecutivos hayan tenido conocimiento del ilícito. Precisamente, uno de sus directores fue José Chlimper desde el 2006 hasta el 2015.

 

 

Leer Más

Las denuncias que el fujimorismo quiere que olvides

Las dudas sobre la honestidad de Keiko Fujimori, el origen del dinero que utiliza para financiar sus campañas, su poca experiencia laboral y su paso intrascendente por el Congreso.

Financiamiento de sus estudios

Keiko es acusada de estudiar en Estados Unidos con el dinero que su padre tomó ilícitamente de las arcas del Estado. La versión fujimorista para justificar los gastos de sus estudios en la Universidad de Boston es que su padre vendió un inmueble en Surco a 669 500 dólares, y usó esos fondos para la educación de sus hijos.

Sin embargo, La República denunció en el 2009 que Fujimori inventó la venta del inmueble para justificar los gastos en educación. Dos peritajes judiciales confirmaron que la venta de la casa de Surco fue una operación ficticia.

Rifa sospechosa

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que parte del dinero para su campaña presidencial del 2011 lo obtuvo gracias a una rifa que realizó con apoyo de los miembros de su partido. A través de la presunta rifa afirmó que consiguió 1 millón 606 mil 310 soles.

Sin embargo, existen suficientes indicios para dudar de la veracidad de ese sorteo. Lo que se sabe es que de los 12 premios que presuntamente se sortearon, solo uno llegó a su afortunado ganador. No se conoce tampoco quiénes fueron los otros 11 “afortunados”. El premio mayor, un auto Chevrolet, nunca fue reclamado.

 

Y la supuesta rifa no fue lo único cuestionable sobre el financiamiento de su campaña, pues el año pasado se descubrió que Central Media SAC, empresa vinculada a Rivera Ydrogo (amigo del investigado Martín Belaunde Lossio y ex gerente de Antalsis), aportó a la campaña electoral de Keiko.

 

 Sin experiencia laboral

 Recientemente, Pedro Pablo Kuczynski, su rival político de cara a las elecciones del 2016, recordó que Keiko Fujimori “no tiene experiencia en gestión pública”. Esa afirmación tiene sustento, pues la lideresa de Fuerza Popular nunca alcanzó ningún cargo en el Estado por meritocracia. Solo tuvo un paso intrascendente como congresista y cumplió con el rol de primera dama cuando su papá fue presidente.

A ello se suma a que su experiencia laboral en el ámbito privado también resulta cuestionable para una persona que quiere ser presidente. Según la información oficial que dio al Jurado Nacional de Elecciones, solo lideró dos ONG (cuando fue primera dama) y luego fue accionista en Summit Products hasta el 2008.

 Cuestionamientos por la casa que habita

En el 2013, la bancada parlamentaria de Perú Posible pidió investigar a Keiko por vivir en la casa de una prófuga de la justicia peruana. El inmueble que ocupaba le pertenecía presuntamente a su tía, la fugitiva Rosa Fujimori, acusada de corrupción.
Keiko, sin embargo, aseguró que esa casa en realidad era de sus primas. Luego, en una entrevista con Magaly Medina, varió su versión anterior y explicó: “Vivo acá desde el 2000. He criado a mis hijas acá. Mi tía está afuera y yo aprovecho para cuidar la casa”.
El fujimorismo explicó que lo que quiso decir Keiko fue que la casa le pertenecía a su tía Juana, no a Rosa. Sus partidarios olvidaron que Juana Fujimori también fue acusada de complicidad, peculado y asociación ilícita para delinquir. Su abogado, sin embargo, consiguió que esos delitos fueron declarados prescritos.

 Faltas en el Congreso
Keiko fue congresista en el periodo 2006-2011 y se caracterizó por sus constantes y prolongadas ausencias. En los primeros cuatro años de su labor legislativa ya había alcanzado 400 inasistencias. Eso no fue todo, pues durante el periodo legislativo 2009-2010, solo asistió a siete sesiones de las 42 de la Comisión de Economía del Congreso, grupo de trabajo del cual fue titular desde julio del 2006. 

El equipo de Keiko
De la mano de Keiko, llegaron al Congreso Alejandro Aguinaga, investigado por el caso de esterilizaciones forzadas; Cecilia Chacón, investigada por enriquecimiento ilícito; Julio Gagó, suspendido del Parlamento por 120 días tras ser acusado de evadir la Ley de Contrataciones del Estado; y Martha Chávez, suspendida del Parlamento por 120 días tras alterar el orden público durante la toma de mando de Ollanta Humala.
A ellos se suman Rofilio Neyra, procesado por mentir en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones; y Alejandro Yovera, desaforado del Congreso  y condenado judicialmente a dos años de prisión suspendida por delito contra la administración pública.

 Entorno familiar
Keiko tiene a su papá preso por delitos de lesa humanidad y corrupción, y a su tía prófuga de la justicia tras ser acusada de enriquecimiento ilícito. Pero eso no es todo, el padre y los hermanos de su esposo, Mark Vito Villanella, fueron arrestados en Estados Unidos bajo cargos de evasión de impuestos por 244 000 dólares en junio del 2000. Recibieron tres años de libertad vigilada, según informó la cadena Univisión.

 

Leer Más

Congresista fujimorista Moisés Mamani ‘no recuerda’ donde acabó la secundaria

Legislador es acusado de mentir en su hoja de vida y tampoco supo responder el año en qué acabó el colegio, el nombre de su promoción, ni el de sus compañeros o profesores. 

El congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca pasó un incómodo momento durante una entrevista que brindó para ‘Canal 11’ de la región Puno, ya que no 'recordó' el nombre del colegio donde culminó su secundaria. Como se sabe, el parlamentario es acusado de no haber culminado su secundaria y falsificar documentos para ingresar a la universidad.  Mamani, quien se encuentra en dicha región por ser semana de representación, negó que haber falsificado algún certificado de estudios y asegura que sí acabó el colegio. “En mi hoja de vida no menciono el colegio Politécnico Los Andes. En mi hoja de vida menciono los colegios donde he estudiado… la primaria donde he estudiado.  

En esa parte creo que los periodistas se pueden confundir”.

Sin embargo, pese a confirmar que no estudió en dicho colegio, no supo responder donde había acabado la secundaria. El periodista de Puno le preguntó en reiteradas ocasiones a Mamani si al menos recordaba el nombre de sus compañeros o profesores, y el parlamentario no supo que responder y atinó a sonreír de manera nerviosa.

Leer Más

¡Congresista fujimorista habría falsificado dos actas de estudios de maestría!

Las denuncias contra la congresista fujimorista Maritza García Jiménez siguen generando escándalos. Tras las declaraciones de la parlamentaria, que aseguró que culminó sus estudios de maestría en Derecho Penal, la Universidad Nacional de Piura (UNP) emitió el oficio N° 234-EPG-UNP-2016, informando que el 22 de mayo del 2007 no se realizó ninguna sesión ordinaria de la Escuela de Postgrado.

Por lo tanto, se descarta que la institución haya aprobado la emisión de la constancia de haber culminado sus estudios postgraduales de la maestría en mención.
El abogado José Benel Alvarado, dijo que tras conocer los informes de la casa de estudios, la legisladora habría falsificado la constancia. Por ello, solicitó a la Comisión de Ética del Congreso de la República iniciar una investigación contra la legisladora.

“La señora García presenta una constancia de haber culminado sus estudios de maestría en Derecho Penal, emitida el 26 de mayo del 2007, se supone que a partir de la fecha es egresada. Sin embargo, también aparece un documento del 22 de febrero del mismo año donde refiere que es egresada, lo que significa que habría falsificado el mencionado oficio”, explicó.

El letrado dijo que esto demostraría las mentiras de la congresista, por ello solicitó que se practique una pericia grafotécnica a los mencionados documentos. Además, mencionó que solicitará a la Comisión de Ética haga un llamado a los involucrados para dar sus declaraciones.

“Deben citar a José Rodríguez, quien fue el coordinador de la universidad y quien supuestamente le extendió la constancia de egresada, y a Santos Montaño para explicar la procedencia de las actas”, subrayó.
El abogado aseguró que existen las actas de la UNP, donde comprueban que la parlamentaria no culminó sus estudios de maestría en Derecho Penal.
“Tengo las actas en mano y las voy a mostrar si Maritza García continúa mintiendo a la opinión pública. Asimismo, si sigue mintiendo”, puntualizó.

Leer Más

Esto es lo que debes saber sobre los nuevos juicios al ex dictador Fujimori

Alberto Fujimori tendrá que afrontar un nuevo proceso en el Perú por los casos Pativilca y Chavimochic. Esto después de que la Corte Suprema de Chile accediera a ampliar el cuadernillo de extradición en su contra. ¿De qué tratan estos casos?

1. El proceso
El 28 de diciembre del 2015, la embajada de Perú en Santiago remitió a la Cancillería chilena el pedido de ampliación de extradición contra Alberto Fujimori. Tres días después, la Cancillería chilena entregó el cuadernillo al magistrado de ese país, Ricardo Blanco Herrera. 

El 3 de marzo del 2016, la Corte Suprema de Chile solicitó interrogar a Alberto Fujimori a través de una videoconferencia. Sin embargo, tras varios intentos, esta nunca se llevó a cabo por fallas técnicas y por excusas de enfermedad del ex presidente.

Casi un año después, tras la revisión de todos los indicios, el magistrado chileno Blanco accedió a ampliar extradición.

2. Los delitos
En esta ampliación de extradición, Alberto Fujimori es acusado por dos delitos:
- Homicidio calificado: en calidad de autor mediato por el asesinato de seis ciudadanos en el distrito de Pativilca. [Entre 15 y 25 años de pena privativa, según las leyes cuando se cometieron los hechos]

- Asociación ilícita en la modalidad de peculado: en calidad de cómplice primario por el uso de fondos públicos para la compra de terrenos agrícolas. [Entre 2 y 8 años de pena privativa, según las leyes cuando se cometieron los hechos]

3. Caso Pativilca
El Grupo Colina asesinó a seis ciudadanos en la localidad de Pativilca. Ocurrió el 29 de enero de 1992, poco después del asesinato de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y antes del secuestro y desaparición de los 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta (18 de julio de 1992).

Leer Más

Caso Odebrecht: Fujimoristas no quieren que se investige gestión de Fujimori

Dicen que luchan contra la corrupción, pero rechazan que se indaguen los contratos suscritos por Odebrecht durante el fujimorato.  

Fuerza Popular no aceptará que el gobierno de Alberto Fujimori sea incluido en las investigaciones que realiza la Comisión Lava Jato. 
Según la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón, "no se dará gusto" a los que sugieren investigar la gestión de los años 90. 
 "La comisión investigadora que hay es justo por las acusaciones que han hecho funcionarios de Odebrecht. Al parecer, muchos quisieran que hubieran hablado sobre el gobierno de Fujimori, cosa que no ha sucedido; por lo tanto, no tiene ningún sustento pedir la inclusión, es solo un deseo de que miembros del fujimorismo de esa época estén involucrados", dijo.

Leer Más